Carlos Mantilla McCormick
Antecedentes
Recientemente se han presentado acciones de hecho en campos petroleros contra las personas y las instalaciones. ¿Qué herramientas existen para hacerle frente a estos sucesos?
No es nuevo que existan paros de trabajadores o de la comunidad que afectan las actividades ordinarias de un campo petrolero. Desafortunadamente, tampoco es raro que también existan acciones de sabotaje, vandalismo o terrorismo, ya sea acompañando las protestas o de manera aislada.
Cada cierto tiempo vuelven a ocurrir acciones que alteran la normalidad. Unas veces en Barrancabermeja, en la refinería o en el campo más antiguo que tiene el país, otras veces en Arauca, en muchas ocasiones acompañadas del terrorismo que imponen los grupos armados allí presentes y que atemorizan a los habitantes en general, y a los trabajadores y empresas asociadas a los campos petroleros en particular. Hace solo unos meses la emergencia era en el Putumayo, luego en Casanare y la de estos días en el Meta. Cuantas veces no han sido atacados los oleoductos, las torres de energía, los convoyes que transportan taladros y equipos para las operaciones petroleras, o son secuestrados trabajadores, si no asesinados. Pareciera ser que ninguna operación o empresa, de la nacionalidad que fuera incluyendo la colombiana, se salva de ser víctima de las acciones de hecho contra la industria petrolera.
Las empresas que se atreven a invertir en el país ciertamente conocen los riesgos. Todas creen y le apuestan a poder superar las dificultades para lo cual afinan protocolos de atención de emergencias, establecen relaciones con las entidades de gobierno y, sobre todo, confían en la respuesta institucional en caso de situaciones extremas. El común de las empresas petroleras conoce y tiene experiencia en el manejo de situaciones de conflicto laboral y social. Al fin y al cabo, desde los orígenes de la industria petrolera en el siglo XIX, desde los Estados Unidos hasta Rusia, la conflictividad con trabajadores, vecinos y gobiernos ha enseñado a las empresas a desarrollar capacidad de negociación, a ejercer presión y a ser pacientes en la solución de los problemas.
En Colombia, la institucionalidad es amenazada cada vez que se presentan estas acciones de hecho y, continuamente, esa institucionalidad es la vencida. Es innegable que la fuerza de la protesta y de las acciones violentas suelen superar la capacidad de manejo de los entes encargados de evitarlas o de reprimirlas.
En este aspecto, a las empresas no les queda mucho por hacer salvo apelar a la institucionalidad una y otra vez. No solo por cultura empresarial, sino por conveniencia, la mayoría de las empresas no recurren a acciones ilegales pues las consecuencias les pueden salir muy costosas localmente o en sus lugares de origen o con sus inversionistas y consumidores que vigilantes de las acciones de sus directivos les pueden imponer sanciones o vetos de grandes consecuencias.
El repertorio de acciones legales contiene la solicitud de amparos policivos en protección a la posesión o tenencia de las áreas y de las instalaciones; las acciones penales por violaciones del derecho al trabajo, por sabotaje, por secuestro o por daño en bien ajeno, si no es que se dan delitos mayores contra la vida e integridad personal; eventualmente, las acciones disciplinarias contra los funcionarios responsables por la falta de acción de las autoridades para superar el problema o por su participación activa en la causa de la anormalidad; y las tutelas con medidas cautelares que prevengan afectaciones a personas y a bienes que ordenen cesar actuaciones irracionales o dispongan el uso de la fuerza pública con el amparo de la orden judicial.