Carlos Mantilla McCormick
Antecedentes
Los primeros acuerdos entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC no fueron realmente en la última semana sino hace un año, cuando se sentaron a analizar la posibilidad de iniciar unos diálogos de paz. En esa ocasión, con mucho sigilo, se acordaron los temas que serían objeto de las conversaciones, se convino un procedimiento y se echó a andar el proceso. ¿Qué tanto tocará el sector minero energético? ¿Hay algo por hacer?
El pasado 19 de octubre, en Oslo, cuando se instaló la mesa de diálogos en búsqueda de la paz en Colombia, se anunciaron los temas acordados previamente entre las partes para las negociaciones que hoy tienen lugar en La Habana: el desarrollo rural, las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana, el fin del conflicto armado, el narcotráfico y los derechos de las víctimas.
A la fecha se anuncian acuerdos o la posibilidad de llegar a ellos y, de forma paralela, suceden hechos de guerra y críticas que semanalmente ponen en riesgo la continuación del proceso, cuando aún solo se está tratando el primer tema de la agenda.
A primera vista, el tema minero energético no se ve entre los que serán objeto de diálogo, pero es necesario hacer la reflexión sobre si es realista pensar que de una u otra forma este sector industrial entrará en las discusiones. En la mesa, frente a los delegados del Gobierno, los intentos por incluir asuntos que obliguen a replantear el modelo económico de manera general o de manera particular, serán rechazados si se avocan de esa manera. Muy posiblemente, el Gobierno anunciará que tal pretensión rompe con los acuerdos sobre la agenda y planteará con firmeza su negativa, la que será secundada por los industriales.
Sin embargo, una de las principales banderas de ese grupo subversivo ha sido la nacionalización de los recursos naturales. Adicionalmente, en el discurso de Oslo, hubo una andanada contra el sector minero energético al estilo guerrillero, culpándolo de muchos males de la actualidad nacional. En él se oyeron expresiones que reclaman la necesidad de abordar los problemas económicos, por ser generadores del conflicto; se anunciaron propuestas que impliquen reformas socioeconómicas radicales; se hicieron afirmaciones sobre las millones de hectáreas asignadas a la industria petrolera y minera; se afirmó que hablar sobre tierras significa hablar del subsuelo y el sobresuelo y que la titulación de tierras es para que las multinacionales despojen legalmente; se asociaron los poseedores de títulos mineros con la ayuda paramilitar y la generación de destierros; se acusó a la ley general agraria y forestal como instrumentos para facilitar el mapa minero energético sobre el proyecto agrícola; se mencionaron apellidos como filibusteros sobre los recursos naturales; se exaltaron a los trabajadores petroleros de una empresa que produce grandes cantidades y les “succiona la sangre” por estar “tercerizados” en largas jornadas de trabajo; y se manifestó la oposición a un proyecto de generación de energía para exportación, así como a proyectos auríferos, de carbón y ferroníquel por sobreproducción, por atentar contra del ambiente, el tejido social y los productores artesanales.
Al tiempo de los diálogos, el grado de conflictividad alrededor de la industria se acrecienta por medio de los atentados terroristas contra la infraestructura, de los paros de trabajadores y comunidades que bloquean las operaciones industriales, de los secuestros a los trabajadores y las extorsiones contra las empresas contratistas. El mecanismo de presión al Gobierno es evidente.
Frente a tal situación, lo más sensato es pensar que tarde o temprano, en alguno de los puntos de la agenda, aparezca como pretensión revisar las reglas y los principios fundamentales que rigen el sector, su modelo económico y la actual política minero energética. La reflexión que el Gobierno y los industriales se deben estar haciendo es si confían en mantener su posición en cuanto a los acuerdos iniciales o si se aprestan a tener que tocar los temas propios del sector, con la incertidumbre sobre el resultado.
Lo ideal es que los problemas del sector, que indudablemente existen, sean tratados por sus actores legítimos, en los escenarios institucionales, antes de que se vean obligados a ser tratados en el escenario equivocado y con interlocutores inadecuados. Adicionalmente, Gobierno e industriales deben estar preparados para tratar los temas en todas partes.