Carlos Mantilla McCormick
Son diversos los motivos que llevan a un inversionista extranjero a descartar un proyecto determinado por factores de entorno. Un estudio del Banco Mundial (“Inversiones y Riesgo Político en el Mundo 2010”, Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) reafirma lo descrito en otro estudio académico (“Renegotiating acquired rights in the oil and gas industries: Industry and Political cycles meet the rule of law”; Oxford University Press on behalf of the AIPN, 2008) en relación con los mayores temores de los inversionistas en la industria petrolera y minera en países en desarrollo.
Por una parte, el estudio del Banco Mundial concluye que la intervención gubernamental es el principal motivo de preocupación para la viabilidad financiera de la inversión extranjera directa en proyectos extractivos. Esta intervención gubernamental se manifiesta, principalmente, con cambios en la reglamentación, con el incumplimiento de los contratos estatales, con la expropiación y con las restricciones en transferencia de moneda. Adicionalmente, las principales restricciones para la inversión extranjera directa son, en el mediano plazo, el riesgo político, la debilidad de las instituciones de gobierno y la inestabilidad macroeconómica.
Por otra parte, el estudio de la Universidad de Oxford señala que, intencionalmente, los gobiernos de países tercermundistas suelen ocasionar incumplimientos de contratos, de la ley interna de dichos países y de los tratados internacionales. También afirma que los instrumentos jurídicos, tales como la ley, los tratados, los contratos estatales, los acuerdos de estabilidad y los mecanismos de adaptación contractual no han sido eficaces para detener esa situación cuando subyace una intención política. Es el “ciclo político” que sigue al ciclo industrial.
Coinciden estos estudios en que lo que más preocupa a los inversionistas a la hora de decidir sus inversiones es el temor a perderla, de manera directa o indirecta, por la falta de respeto a los derechos adquiridos ocasionada por los cambios de gobierno. También se concluye la incapacidad de los mecanismos jurídicos para generar confianza, tal como ocurre en sociedades con Estados de Derecho consolidados.
Entre nosotros, por fortuna, los cambios de gobierno no han generado cambios drásticos de políticas en el sector extractivo que pudieran afectar derechos adquiridos de los inversionistas extranjeros. En las últimas décadas, por el contrario, como regla general se han introducido cambios para mejorar las condiciones de protección a la inversión y de mayor participación en la renta obtenida.
Sin embargo, no dejan de presentarse particularidades que merecen atención. Si un inversionista extranjero se refiriera a las principales restricciones o preocupaciones para invertir en Colombia, muy posiblemente se detendría en otra clase de problemas que, precisamente, son puestos en un segundo plano en los estudios reseñados: la falta de infraestructura adecuada para sus proyectos, los continuos problemas con las comunidades y autoridades locales, el gasto en seguridad. Y quizás también se referiría, coincidiendo con los estudios mencionados, a la reglamentación en materia ambiental y al ejercicio del poder de tributación del Estado. Estos últimos, aunque afectan especialmente los tiempos de ejecución y las rentabilidades de los proyectos, reflejan la facultad soberana de expedir normatividad y de hacer intervención gubernamental, principios afincados entre nosotros, y exigen la valoración entre intereses particulares y generales en conflicto, poniendo a prueba la eficacia de los instrumentos jurídicos mencionados y la fortaleza de las instituciones.