Carlos Mantilla McCormick
ANTECEDENTE
Cada año el tipo de normas ambientales reflejan mayor desconfianza en las instituciones y en la actuación de las empresas. Los proyectos del 2012 exigen mejora en ambos campos.
Entre las normas ambientales del año que más atención generaron para la industria minera y petrolera está la expedición del Plan Nacional de Desarrollo con disposiciones que señalaron desde las restricciones en áreas protegidas, tales como páramos y humedales, arrecifes de coral, manglares y pastos marinos, hasta la reforma del Código Penal en materia de delitos por contaminación ambiental.
Adicionalmente, están el procedimiento para la sustracción de áreas de reservas forestales nacionales y regionales para el desarrollo de actividades de utilidad pública e interés social y el cambio en la organización administrativa del sector ambiental que creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Recientemente se pusieron para comentarios los borradores de Decretos que señalan la restricción total de actividades de exploración y explotación minera y de hidrocarburos en zonas de pastos marinos y humedales. También diversas guías que desarrollen el procedimiento del ordenamiento del recurso hídrico y la reglamentación de usos del agua, de trámites para el control de los vertimientos, de planes de reconversión a tecnologías limpias y el plan de acción dentro de la política de residuos peligrosos 2011-2014.
La desconfianza entre las entidades de Gobierno y la empresa está presente. Por parte de los empresarios, la desconfianza en la capacidad técnica y económica de las autoridades para responder a las solicitudes de revisión objetiva de sus planteamientos, en la agilidad en la respuesta y en la capacidad de coordinación entre las diversas entidades de Gobierno ante las que debe interactuar para poder cumplir con las exigencias de su contrato.
De parte del sector público, la principal desconfianza recae en los impactos ambientales que pueda generar el sector productivo, lo que genera el sentimiento de tener que contar con reglas nuevas con sus restricciones, prohibiciones y sanciones, así como con mayores cargas de estudios e investigaciones, aunque la misma autoridad no tenga como evaluarlos.
También ese afán regulatorio refleja la desconfianza que existe en la eficacia de las propias instituciones, en los procedimientos diseñados en la ley para la evaluación y para el seguimiento de las actividades industriales. Por eso, antes que permitir el análisis por parte de quienes dentro de la autoridad ambiental son los responsables de valorar los impactos positivos y negativos de un proyecto específico, incluyendo la capacidad de sancionar frente a infracciones, se opta por la prohibición normativa.
Para el año 2012 se prevé la culminación de la reforma a las entidades del sector energético y ambiental, así como la iniciación de los procesos de licitación para la asignación de áreas en proyectos petroleros y mineros. Para las empresas interesadas en desarrollarlos, hay la necesidad de conocer los nuevos requerimientos ambientales para determinar la viabilidad en la obtención de permisos y la posibilidad de desarrollarlos en condiciones económicamente aceptables.
Para las entidades de gobierno los retos son variados: consolidar los procesos organizacionales y dotar de recursos de personal y económicos, así como de instrumentos que puedan cumplir con las demandas de servicios que satisfagan el mismo Plan de Desarrollo.