Carlos Mantilla McCormick
Recientemente, la nueva Directora de Licencias del Ministerio de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, dio la buena noticia sobre la puesta en marcha de un Plan de Choque que dispuso recursos humanos y financieros para solucionar la suspensión en 95 procesos de licenciamiento ambiental del sector petrolero.
Según informó la misma funcionaria, hubo restricciones presupuestales que impidieron una ágil vinculación del recurso externo que complementara el trabajo de los funcionarios de planta, tal como regularmente se despachan los trámites en dicho Ministerio, para la evaluación técnica de los planes de manejo ambiental.
La buena noticia, entonces, es que está en marcha el plan para solucionar el obstáculo y que en 3 meses, el Ministerio se habrá puesto al día para continuar atendiendo las nuevas solicitudes. Para el presente año, se esperan 245 trámites relacionados con la industria petrolera, lo que equivale al 25% del total de las peticiones sobre licencias que se atenderían. Para lograrlo, se dispuso de personal de otras áreas del Ministerio y de personal externo contratado de urgencia, se hicieron traslados presupuestales, así como fue necesaria la ayuda de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Infortunadamente para las empresas solicitantes de licencias, el retraso les ha producido inconvenientes para el cumplimiento de sus compromisos contractuales con el Estado. Las actividades exploratorias y de producción obedecen a programas con limitantes técnicas, climáticas y económicas de cada proyecto y de sus gestores. La falta de licencias a tiempo exige replanteamientos, nuevos programas y expone a los inversionistas a perder la disponibilidad de recursos con los que contaban sus planes iniciales. Pero también resulta perjudicado el Estado y las regiones ante la imposibilidad de obtener producción que se traduzca en ingresos fiscales, insumo para las refinerías, generación de puestos de trabajo y desarrollo económico. El retraso de hoy en la iniciación de un proyecto exploratorio es el riesgo de que mañana, en 6, 8 o 10 años, el país no cuente con esa posible producción.
Sería bueno ver una oportunidad de mejora en la situación relatada para efectuar cambios que impliquen eficiencias en la manera de hacer las cosas, no solo con la adopción de medidas que solucionen oportunamente las emergencias, sino con la revisión estructural de un sistema o de un proceso que ayude a evitar que la crisis vuelva a ocurrir. Más allá de la lección aprendida sobre el plan de emergencia, es necesario evaluar si la legislación y su reglamentación que imponen una carga administrativa al Estado para controlar previamente la ejecución de proyectos industriales, es sostenible con los volúmenes actuales y futuros del sector.
La reconversión fue una estrategia utilizada para amoldar las industrias afectadas por la crisis y garantizar su competitividad con medidas específicas de ajuste de la oferta a la demanda eliminando excesos de capacidad, cierre de instalaciones, modificaciones laborales, adaptaciones tecnológicas y nuevos esquemas de organización y gestión.
Tratándose de la organización administrativa para permitir el uso de recursos naturales y de la defensa del derecho al ambiente sano, es necesario distinguir entre lo que es sustancial y lo que es adjetivo y procedimental. Es posible lograr los mismos objetivos sin necesidad de reducir el nivel de exigencia a las empresas que generan impactos al medio ambiente y sin tener que bajar de la categoría de derecho fundamental al goce de un ambiente sano.
Se pueden estudiar medidas de adecuación de los sistemas de control que desregulen, que externalicen gestiones administrativas, que permitan al sector privado generar oportunidades de complemento a la acción de la administración, que impongan responsabilidades a los empresarios, con implicaciones administrativas, pecuniarias y penales, personales y para su negocio, para quienes no cumplan los mínimos exigidos.
¿Por qué no revisar trámites como el de consulta previa, la obtención de permisos ante diferentes autoridades, la aprobación de estudios, diagnósticos y modificaciones si se puede rediseñar la forma de exigir del empresario el comportamiento adecuado sin tener que disponer de recursos costosos y desgastantes? ¿Por qué no repensar si la manera como se aplica el rigor subsidiario es el camino correcto? Se impone el estudio sobre el rediseño de procesos, la eliminación de etapas, la toma de conciencia de comportamientos adecuados por parte de las empresas, la presunción de buena conducta y la correcta aplicación del sistema sancionatorio. Guías y términos de referencia disponen previamente un querer de la autoridad y eliminan aprobaciones y subjetividad en su actuación.
Para los problemas del presente sirven los planes de choque. Para evitar los problemas del futuro se necesita algo más.