Carlos Mantilla McCormick
En diversas oportunidades se ha expuesto sobre las consecuencias que traen los precios bajos de los hidrocarburos y minerales para las finanzas estatales, las empresas y las regiones. Vale la pena una mirada de cerca a los retos jurídicos de las empresas, sean operadoras o prestadoras de bienes y servicios, ya que se asumen serias responsabilidades por el buen manejo de los asuntos corporativos.
Los departamentos jurídicos de las empresas se ven obligados a plantear estrategias defensivas del patrimonio frente a las acciones por tomar, cuando se trata de evitar que se concreten ciertos riesgos propios de la crisis como el incumplimiento de sus contratantes o contratistas, incluyendo a los proveedores de bienes y servicios esenciales para su propia operación, dada la necesidad de iniciar gestiones de cobro prejudicial o judicial y, con mayor razón, si han caído en insolvencia que amerita hacerse parte de un proceso para recuperar bienes propios comprometidos con dichas empresas.
De la misma forma, habrá gestión jurídica si la empresa ha adoptado un plan de reducción de costos, venta de activos improductivos, fusión, liquidación de unidades de negocio o renegociación de contratos. Esto obligará a revisar contratos con miras a plantear una renegociación de términos más acordes con la nueva situación del mercado, a analizar las posibilidades y los requisitos para lograr una suspensión temporal o una terminación, valorando las consecuencias de cada opción y las acciones necesarias para atenuar sus efectos. Debe tenerse previsto el incumplimiento propio que se pueda ocasionar por los incumplimientos de sus proveedores con el fin de predecir las consecuencias y adelantarse en gestiones para evitarlas.
La posible disminución de la planta de personal debe apreciar no sólo el riesgo económico sino el reputacional y la no transgresión de valores empresariales que pudieran afectar el clima laboral y la propia capacidad de recuperación.
Los menores flujos de caja propios generan riesgos claros de incumplimientos que obligan a evaluar la mejor alternativa en endeudamiento entre renegociar condiciones, obtener nuevos créditos o capitalizar la empresa. Todos los cambios contractuales y las decisiones que alteran la ejecución de proyectos, igualmente obligan a analizar las condiciones de las garantías y los seguros que se tuviesen convenidos, ya sea para aminorar costos y evaluar los riesgos como para lograr un efectivo cubrimiento posterior a los ajustes.
En el evento de incumplimientos con el Estado, es necesario evaluar muy bien las consecuencias que se pueden ocasionar por altas sanciones, incluyendo la caducidad y las multas y, en caso de caer en la propia insolvencia, valorar la pérdida de activos, ya sea de bienes o derechos contractuales esenciales, o de no continuar con la administración de la empresa o de incurrir en actos ilícitos, frente a las reales posibilidades de lograr la recuperación del negocio mediante un acuerdo con los acreedores.
Para todas estas tareas, el consejo desde la visión jurídica es fundamental a fin de que la gerencia tenga una correcta valoración de las conveniencias e inconveniencias en cada paso que se da y, mejor aún, si la misma gerencia adopta el criterio de evaluación legal y contractual de sus propias decisiones para la oportuna previsión de los riesgos personales y patrimoniales que se pueden concretar en una situación de apremio como la que se vive por estos tiempos.